jueves, 9 de mayo de 2013

Mas ignora al TC mientras utiliza su diplomacia para arremeter contra España


Mas ignora al TC mientras utiliza su diplomacia para arremeter contra EspañaArtur Mas (i), conversa con el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell (Efe).

La resolución del Tribunal Constitucional de suspender la validez de las resoluciones independentistas aprobadas en enero y marzo por el Parlamento de Cataluña ha soliviantado los ánimos de los nacionalistas catalanes. El propio president, Artur Mas, así como el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, y el portavoz de CiU, Jordi Turull, advirtieron, tras la resolución, de que el proceso “no tiene marcha atrás”. Es decir, que el referéndum se hará. La cuestión es si jurídicamente puede hacerse un hueco para que entre en la legalidad vigente.

Mientras tanto, el Ejecutivo catalán no descansa. Uno de los principales ejes de su actuación son las relaciones exteriores: quiere buscar aliados en el panorama internacional para poner en un brete al Gobierno español. Para ello, Mas ha creado un organismo llamado Diplocat, que recoge las estructuras que antes tenía el Patronato Catalán Pro Europa.

Lo malo es que este organismo ha comenzado a distribuir un jugoso argumentarioen el que pone de vuelta y media a España, de la que dice que es un sistema caótico en el que la solidaridad ha sido reemplazada por la injusticia. Inclusopone en tela de juicio la neutralidad del Tribunal Constitucional, la legitimidad de la Constitución y aboga por la independencia. “Esta nota pretende explicar por qué los catalanes quieren votar. No obstante, un simple listado de agravios no puede acaparar el espíritu de optimismo, la tolerancia y la modernización que están en el corazón del movimiento independentista”, comienza el texto.

Dice el documento que “durante mucho tiempo, muchos catalanes hubiesen sido felices si Cataluña hubiese llegado a ser una región de España con un estatus similar al de un land de Alemania. Pero esto nunca ha sucedido”. Y continúa: “Muchas personas ya no reconocen España como el país tolerante e incluyente que esperaban que se construiría después de Franco. Y quieren celebrar un referéndum para poder escoger libremente su futuro, de manera pacífica y democrática”.

El texto critica en otro apartado la utilización de la Constitución española, “que ya no es de todos”, porque con la interpretación que hace el Estado se imponen “restricciones a una minoría particular”. En otras palabras, “han socavado el consenso en el que se construyó la Constitución. Muchos catalanes cuestionan ahora la legitimidad de una Constitución que es controlada exclusivamente por los otros y que se utiliza habitualmente en contra de ellos”. Todo porque, con una lectura menos restrictiva, se podría permitir la celebración del referéndum independentista que pretende Mas. “Pero esto es imposible con el actual clima político”, subraya.

“El Constitucional ya no es neutral”

Al hilo de esta argumentación, matiza que “el Tribunal Constitucional ya no es visto como un foro neutral para la justicia”. Y se lanza sin piedad contra este organismo, que recortó el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán en referéndum: “Los tribunales de otros países sostienen que los jueces no han de revocar las decisiones tomadas por los representantes electos del pueblo, excepto que la redacción de la Constitución realmente no se pueda interpretar de una manera que permita estas decisiones. No obstante, los tribunales españoles creen que sólo hay una interpretación ‘correcta’ de la Constitución. Al permitir tan poco margen a los procesos democráticos, el TC parece actuar políticamente y pone su propia legitimidad en duda”.   


Asimismo, el texto acusa a la opinión pública española de “favorecer la uniformidad y la centralización, de manera que ninguno de los dos principales partidos políticos españoles está dispuesto a tomar medidas significativas para salvar la diferencia. Ambos dicen ahora que un referéndum sobre la independencia sería ilegal. Pero ocultándose tras una ley (que podría ser cambiada fácilmente) no se proporciona ninguna solución al problema. Peor todavía: quiere decir que en última instancia, España ha de escoger entre mantener sus nuevos valores democráticos o plantarse ante Cataluña en contra de la voluntad de su pueblo”.


Para los nacionalistas, “gran parte del establishment español siempre se ha opuesto al autogobierno. El sistema resultante es caótico, sin reglas claras sobre quién hace qué”. También acusa al Gobierno español de no hacer los deberes. “Incluso cuando se transfieren competencias, las normas suelen ser complicadas y poco claras y los recursos financieros necesarios para poner en marcha los nuevos poderes de forma efectiva no están disponibles. Las disputas sobre las invasiones de poderes se han convertido en una característica habitual de la política española”.

La ira “del resto de España”

Según los nacionalistas, Cataluña ha propuesto muchas soluciones para mejorar el sistema, pero “España no quiere discutirlas”. Se duele, por ejemplo, de que el Estatuto catalán fue aprobado por el 89% de los diputados electos, pero se encontró“con la ira y la hostilidad del resto de España”. Y recuerda que incluso “se organizaron boicots contra bienes catalanes, los obispos tomaron partido y un mando del Ejército de alto nivel (sic) fue detenido por recomendar una intervención militar”. Por tanto, “muchos catalanes creen ahora que no es posible negociar con España porque España no quiere negociar”.

En otro apartado recuerda que “el movimiento por la autodeterminación es un movimiento amplio, pacífico, social y que no depende de los partidos políticos”. Y alude a las dos grandes protestas en las calles de Barcelona: una, en 2010, con un millón de personas; la otra, en el 2012, con 1,5 millones, “una de las más grandes que se celebró en Europa”. Y añade que 890.000 ciudadanos participaron “en las consultas oficiosas celebradas en las ciudades de toda Cataluña” en los referendos independentistas locales. Asimismo, no desaprovecha la ocasión para recordar que 654 ayuntamientos (el 68% del total de municipios) “están aprobando resoluciones a favor de la independencia”.

A la hora de justificar el referéndum, no faltan los chorros de datos: “Tras las elecciones catalanas de noviembre de 2012, los medios de comunicación españoles dieron mucha importancia al hecho de que el partido gobernante perdió votos y escaños. Pero la cuestión clave era si se había de celebrar una consulta. Y con un nivel récord de participación del 70%, los partidos que la apoyan ganaron con un 74% de los votos. (…) La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión, publicada en febrero de 2013, detectó que el 54,7% de los encuestados votaría sí [a la independencia]; el 20,7% votaría no; el 17%no votaría; y el resto demostraron indecisos. Si estos resultados se reflejasen en un referéndum, un 66% votaría a favor de la independencia”.

El documento de Diplocat señala, asimismo, que “los errores e ineficiencias del sistema están siendo utilizados por el Gobierno español para justificar la recentralización, cuando en realidad la decisión de hacer efectivo el autogobierno había sido tomada hace muchos años”. Y continúa: “Generalizando un sistema diseñado para hacer frente a casos excepcionales, el autogobierno se hizo inviable. Con tantos jugadores nuevos [las comunidades autónomas], las relaciones bilaterales entre el centro y las regiones (como las que se encuentran en el Reino Unido) no se pudieron desarrollar”.

También critica que “España no cuenta con un sistema bicameral donde las entidades territoriales puedan participar eficazmente en el proceso nacional de adopción de decisiones. El Senado español, que se supone que representa a las ‘comunidades autónomas’, así como a las dos plazas norteafricanas denominadas ‘ciudades autónomas’, parece una mera institución consultiva”. 

Cataluña paga demasiado a los más pobres

Especialmente significativo es un apartado en el que asegura que nadie cuestiona la necesidad de solidaridad con España y con Europa. “El problema -añade- es que Cataluña paga tanto a las regiones más pobres de España que sus propios sistemas de educación y bienestar, así como las carreteras y los ferrocarriles, son significativamente peores que los de las regiones a las que está ayudando”.

En este apartado señala que “el fracaso del Estado por invertir en infraestructura clave ha debilitado la economía catalana. La política de infraestructuras españolas se ha dictado por intereses políticos en vez de seguir las prioridades económicas”. Y cita la red radial de alta velocidad, grandes aeropuertos regionales que ninguna aerolínea quiere utilizar o el corredor mediterráneo. “No se ha invertido en el eje de transporte estratégico que pasa por Cataluña (…) y el Gobierno español todavía quiere construir una nueva línea a través de las montañas para evitar a Cataluña, un proyecto que la UE ya ha rechazado por poco práctico”. En este sentido, denuncia el incumplimiento de las inversiones que el Gobierno central debía hacer y que están previstas en el Estatuto de autonomía.

Otro apartado subraya que las diferencias entre Cataluña y España son consideradas “no como parte de un rico patrimonio cultural, sino como una amenaza a la unidad nacional. Un reciente discurso del ministro español de Educación causó mucha alarma cuando habló de la necesidad de "españolizar" a los escolares catalanes.Comentarios incendiarios sobre Cataluña se han convertido en el día a día de la política española: si bien pueden ayudar a ganar las elecciones, difícilmente se puede decir que promuevan la unidad”.

Evidentemente, el tema del catalán es uno de los puntos desarrollados en el argumentarlo. Para los nacionalistas, “el uso del catalán es visto a menudo como un ataque a la españolidad”. Y asegura que el sistema de educación asegura que todos los niños dominen el español y el catalán. “Están utilizando la Constitución y los tribunales para crear un derecho a ser educados sólo en español. En la práctica, esto significaría la creación de escuelas segregadas y una sociedad dividida”.

El PP preguntó ayer al Gobierno catalán en el Parlamento autonómico por las expresiones contenidas en el polémico argumentario. El diputado Juan Milián pidió saber “cuánto cuesta la estructura diplomática” que montó Mas y si la labor que desarrolla Diplocat no la puede hacer la dirección general de Asuntos Exteriores. Pero el portavoz del Gobierno, respondió que todo responde al concepto de “diplomacia pública” de la Generalitat, opuesta al concepto de “diplomacia clásica” de España. “Lo que tiene ustedes es una diplomacia amateur. Esto parece una broma. Viajen y mientan lo que quieran, pero no utilicen esto como una máquina de agitación y propaganda y de calumnias y difamación. La imagen de Cataluña cae en picado y prueba de ello es que no son recibidos por las cúpulas políticas. Ustedes se quejan del ahogo económico y lo hay, pero por cuestiones separatistas”, acusó Milián.

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