Foto: José María Olmo
El malestar entre los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) por la decisión del Ministerio del Interior de obligarles a llevar en un lugar visible un número identificativo no ha dejado de crecer en los dos meses que han pasado desde que comenzó a aplicarse la medida. El martes por la tarde, en una asamblea del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), uno de los que más cuota tiene en las UIP, varios agentes antidisturbios reprocharon al director adjunto operativo (DAO) de la Policía,Eugenio Pino, presente en la reunión, que se haya implantado este código yreclamaron su inmediata abolición. Sin embargo, Pino, que ocupa el segundo cargo en importancia de la Dirección General de Policía y ha servido en las UIP durante la mayor parte de su carrera, aseguró que la medida no tiene vuelta atrás y pidió a los agentes que la asuman cuanto antes.
Según fuentes conocedoras del contenido de la asamblea consultadas por este diario, el DAO defendió que la identificación de los agentes es una medida de transparencia irrenunciable que Interior ha aplicado tras escuchar una recomendación del Defensor del Pueblo. Pino admitió ante los agentes que la decisión puede resultar controvertida, pero la apoyó porque, en su opinión, con el tiempo contribuirá a mejorar la imagen que los ciudadanos tienen de la Policía.
No obstante, a pesar de las explicaciones, los agentes que participaron en la Asamblea denunciaron que el cartelón que deben llevar en la espalda está provocando la criminalización de su trabajo y pone en riesgo su seguridad jurídica por las denuncias individuales que pueden derivarse de cualquier actuación. Además, según explican las fuentes a las que ha tenido acceso este diario, los efectivos de las UIP recriminaron a Pino que la decisión se tomó sin que existiera en las calles un clamor que justifique un gesto tan humillante. En clave interna, los agentes lo interpretan como una traición del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
Tras varios intercambios de pareceres, el DAO zanjó la discusión asegurando queInterior no se plantea en ningún caso reconsiderar esta medida y pidió a los antidisturbios que hagan un ejercicio de comprensión para evitar que el conflicto vaya a mayores.
Compromiso de garantizar su seguridad jurídica
A cambio, Pino se comprometió ante los antidisturbios a garantizar su defensa en los tribunales y a perseguir hasta las últimas consecuencias todas las acusaciones falsas que reciban. Hasta ahora, era inusual que se dedujera testimonio de una denuncia contra agente, aunque hubiera indicios para sospechar de su veracidad. Sin embargo, el DAO trató de tranquilizar a los efectivos de la UIP asegurando que se ha dado la orden a los abogados del Estado que llevan habitualmente los casos relacionados con las Fuerzas de Seguridad de que actúen contra todos aquellos manifestantes que interpongan denuncias falsas contra miembros de las UIP.
Con todo, el compromiso no convence a los antidisturbios, que siguen manteniendo su oposición a una medida que consideran discriminatoria porque no se aplica a sus compañeros de otras unidades de la Policía. Algunos han comenzado a distribuir pegatinas y camisetas de protesta. Fuentes policiales confirman a El Confidencial que el malestar ha llegado a los despachos nobles del Ministerio del Interior.
Para Javier Arrillaga, secretario general de la UFP, es evidente que “no había una demanda social que reclamara la nueva identificación y que el sistema anterior era más que suficiente”. “Sólo lo habían pedido cuatro grupúsculos antisistema”, sostiene este responsable sindical. A su juicio, “esta medida es una clara criminalización de los funcionarios”. “Por ello, hemos recurrido esta decisión a los tribunales. ¿Qué es lo siguiente que quieren los políticos? ¿Qué en lugar de que los compañeros lleven defensas reglamentarias vayan con pompones? Que los políticos asuman la responsabilidad de sus decisiones”, concluye Arrillaga.
El estreno de la identificación
El cambio se puso en práctica por primera vez el pasado 25 de abril con motivo de la convocatoria Asedia al Congreso, una protesta de alto riesgo que congregó a 1.500 simpatizantes de la izquierda antisistema en la plaza de Neptuno de la capital con el propósito de acceder a la Cámara Baja. Dos meses después, el recelo que despertó inicialmente la medida en el seno de las UIP se ha transformado en un rechazo frontal y generalizado.
La nueva identificación imita a la implantada sólo tres semanas antes por el Gobierno catalán en los Mossos d´Esquadra. Obliga a los agentes a llevar un código numérico en la espalda para que cualquier manifestante pueda identificarlos en caso de denuncia. El cartel con la numeración mide 30 centímetros de ancho por 10 de alto, dimensiones suficientes para que puedan leerse a cierta distancia, incluso en los momentos de mayor confusión. Los dígitos no se corresponden con el número de placa de los policías, sino que son números asignados aleatoriamente en cada actuación para evitar que cualquiera pueda conocer la identidad real de los agentes. Sólo el juez en caso de denuncia puede acceder a los nombres y apellidos que el día de los hechos se correspondían con el código en cuestión.
La UFP asegura que no parará hasta derogar la orden de Interior. Por lo pronto,espera una resolución favorable de los tribunales porque, a su juicio, los agentes sólo están obligados a llevar su identificación en el pecho y enseñar su placa cuando lo reclame un ciudadano. Otros sindicatos policiales también han expresado públicamente su rechazo a esta iniciativa.
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